Autor: Lic. Euren Cuevas Medina 

Santo Domingo, D.N. R.D. Lunes, 7 de julio del 2025 .-  En un acto con participación diversa el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) lanzó este sábado el Proyecto «Asistencia Jurídica Solidaria, en la provincia de Pedernales, dirigido a personas con escaso acceso a la justicia por su condición socioeconómica.

El coordinador nacional del proyecto, Euren Cuevas Medina, planteó que uno de los principales obstáculos para acceder a la justicia es el pago de un abogado y las personas de escasos recursos que tienen un salario igual o por debajo de cincuenta mil pesos, se le dificulta acceder a la justicia.

La actividad se desarrolló en el Club Socio-Cultural Pedernales, frente al Parque Central, en la cual participaron importantes figuras como invitados especiales, como el Procurador General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la zona, Israel Ferreras Trinidad, el ex regidor y líder comunitario Miguel Antonio Pérez Cuevas, mejor conocido como Chichí Aquiles, quienes intervinieron para valorar este esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional para garantizar acceso a la justicia aquellas personas que no tienen recursos económicos para acceder a la justicia.

Por su parte el comunicador Julio Gómez, uno de los comunicadores más veteranos de Pedernales, se comprometió a promover este proyecto porque su implementación mejorará las condiciones económicas y sociales de los beneficiarios afirmó.

La doctora Dialma Feliz Mendez con más de 30 años en el ejercicio profesional como abogada y con una hoja de vida intachable en su ejercicio profesional, es la coordinadora provincial del proyecto “Aistencia Jurídica Solidaria” y dijo se dedicará a tiempo completo a este proyecto, poniendo su oficina a su disposición, porque con la aplicación del proyecto se garantiza la dignidad y el bienestar de las personas del pueblo de Pedernales.

Finalmente el director ejecutivo de INSAPROMA Cuevas Medina, manifestó que es el 4to lanzamiento, presidido por el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Puerto Plata, agradeció a profesores, amas de casa, agricultores, profesionales en general y líderes comunitarios que se dieron cita para ser parte del proyecto y en sentido general se comprometieron hacer promotores activo de dicha iniciativa.

Contacto de prensa:
Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA)
Correo: info@insaproma.com
Teléfono: 809-875-8068
Sitio web: [www.insaproma.org

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El informe de 92 páginas, “‘Sin agua, no somos nada’: Por qué Guatemala necesita una ley de aguas”, documenta las graves limitaciones en el acceso al agua y saneamiento en el país, que tienen impactos desproporcionados sobre comunidades indígenas, en particular sobre mujeres y niñas. También analiza las consecuencias de la falta de agua para el derecho a la salud, especialmente en la infancia, en un contexto en el que casi uno de cada dos niños y niñas menores de cinco años enfrenta desnutrición crónica.

“Guatemala es un país con abundantes recursos hídricos y un nivel de ingresos medio alto, pero amplios sectores de su población viven sin acceso a algo tan básico como el agua potable”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades deberían aprobar con urgencia una ley de aguas que permita garantizar el acceso seguro, confiable y universal a servicios de agua y saneamiento”.

Aunque Guatemala dispone de más agua dulce por habitante que el promedio mundial, no ha logrado proteger ni distribuir adecuadamente este recurso. La ausencia de una legislación que defina derechos, responsabilidades y un marco regulatorio con mecanismos de financiamiento y cumplimiento ha comprometido la disponibilidad y calidad del agua en todo el país.

Human Rights Watch entrevistó a 108 personas, en su mayoría mujeres, en comunidades predominantemente indígenas de los departamentos de Jalapa, Santa Rosa y Totonicapán. El equipo de investigación también realizó entrevistas con expertos, solicitó información al gobierno y analizó datos oficiales sobre agua, saneamiento y pobreza provenientes de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2023, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala.

El análisis reveló que la población indígena tiene menos acceso a agua y saneamiento que el resto de la población, reflejando patrones históricos de exclusión y desigualdad en el acceso a servicios públicos esenciales. Según los datos disponibles, el 40 % de la población no cuenta con agua entubada dentro de su vivienda. Entre la población indígena, el 50 % no cuenta con agua entubada dentro de su vivienda, en comparación con el 33 % entre la población no indígena. Además, las personas indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de depender de letrinas o pozos ciegos, formas de saneamiento que pueden ser inseguras o insalubres, mientras que las personas no indígenas tienen el doble de probabilidades de contar con inodoros conectados a redes de drenaje.

© 2025 Human Rights Watch

Sin acceso confiable al agua entubada, millones de guatemaltecos dependen de fuentes como pozos, ríos, lagos, manantiales o el agua de lluvia, que muchas veces se encuentran contaminadas. Las autoridades estiman que más del 90 % del agua superficial del país está contaminada, lo cual implica graves riesgos para la salud.

Las mujeres asumen con frecuencia la responsabilidad de recolectar agua y cuidar a los niños y niñas. Según datos oficiales, dos tercios de las personas adultas que informaron haber acarreado agua el día anterior al que se realizó la encuesta nacional eran mujeres.

Rosalía Maribel Osorio Chivalán, de 24 años, vive en el municipio de Santa María Chiquimula, en el departamento de Totonicapán. Relató que cada mañana se levanta entre las 5 o 5:30 a.m. y realiza un recorrido de dos horas para recolectar agua de un pozo. Luego, camina otros 40 minutos para dejar a sus hijos en la escuela antes de las 8 a.m.

Los niños también participan en tareas de recolección de agua. Una madre soltera de 29 años en Santa María Chiquimula relató que sus hijos la acompañan todos los días en el trayecto de dos horas, ya que ella no puede cargar el agua sola. “A veces yo me desespero al verlos a ellos caminando, cargando agua”, dijo.

Incluso quienes están conectados a una red de distribución de agua enfrentan problemas de acceso debido a la intermitencia del servicio. Según un análisis de datos de 2023, solo el 19 % de los hogares reportó haber tenido acceso continuo al agua entubada intradomiciliaria las 24 horas del día durante el mes previo a la encuesta.

La calidad del agua también es motivo de preocupación. Muchas mujeres entrevistadas reportaron signos de contaminación en el agua, como turbidez, mal olor o presencia de desechos, y señalaron que solo tienen acceso a métodos limitados para tratar el agua. Indicaron que tanto ellas como sus hijos sufren dolores estomacales, vómitos y diarrea tras consumir el agua disponible, aunque no tienen otra opción para consumir agua.

María Carolina Barrera Tzun, de 28 años y madre de tres hijos, contó que el pozo del que se abastecen está sucio y que sus hijos le preguntan: “¿Por qué el agua está sucia? ¿Por qué no tenemos agua en la casa?”. Sin embargo, señaló que no les queda más alternativa que tomar esa agua.

Las deficiencias en infraestructura de saneamiento también afectan la salud y la calidad del agua. Solo el 42 % de los hogares en Guatemala cuenta con un inodoro conectado a una red de drenaje. Aproximadamente un tercio de la población debe recurrir a letrinas, pozos ciegos o a la defecación al aire libre. En 2021, según datos oficiales, 97 de los 340 municipios del país, es decir, el 29 %, no contaban con una sola planta de tratamiento de aguas residuales en funcionamiento.

Los impactos sobre la salud son graves. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de mortalidad en Guatemala por causas relacionadas con agua insegura y servicios inadecuados de saneamiento e higiene fue de 15,3 muertes por cada 100.000 habitantes en 2019, más del doble que en cualquier otro país de Centroamérica. La falta de acceso también contribuye a la desnutrición crónica: casi uno de cada dos niños y niñas menores de cinco años en Guatemala sufre este tipo de desnutrición, una de las tasas más altas del mundo.

Para garantizar una gobernanza eficaz del agua y una inversión adecuada en infraestructura, Human Rights Watch insta al Congreso a aprobar una ley de aguas que fortalezca la capacidad institucional, imponga sanciones por la contaminación de fuentes hídricas y asegure la disponibilidad de agua para todos.

El diseño de esta ley debe incluir el reconocimiento de las prácticas tradicionales de manejo del agua por parte de los pueblos indígenas y garantizar su participación y consulta efectiva. Estas comunidades, que enfrentan los mayores impactos de la crisis de agua, son también líderes clave en la conservación y preservación de los recursos hídricos.

Además, la ley debería establecer un marco regulatorio y de financiamiento que permita al Estado cumplir con su obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua para usos personales y domésticos.

“Con la ley de aguas, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo tiene una oportunidad histórica para saldar una deuda pendiente y empezar a transformar la realidad de millones de personas en Guatemala”, dijo Goebertus. “No podemos echarla a perder”.

Descarga el informe completo Aquí:  guatemala0725es web

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El objetivo principal de este evento fue el de crear un espacio para el intercambio de experiencias y metodologías relacionadas con la calidad del agua, buscando contribuir a la conservación del recurso hídrico en  toda Latinoamérica.

Durante el evento, se abordaron temas cruciales como el monitoreo de la calidad del agua, con énfasis en análisis bacteriológicos, normativas nacionales de cada país, y metodologías de recolección y procesamiento de muestras. Se realizó un muestreo en el lago Cocibolca en Granada, Nicaragua, cuyos análisis revelaron niveles preocupantes de contaminación, superando los límites recomendados para el contacto humano y el consumo, lo que representa un riesgo significativo para la salud pública y la biodiversidad local.

El encuentro no solo fortaleció la alianza entre CDA y CENICA, sino que también planteó la creación de un subcomité de Ciencias del Agua dentro de la red Agua Nuestro Derecho, para fomentar la colaboración y capacitación continua entre laboratorios de las organizaciones.

Las conclusiones obtenidas durante este encuentro resaltan la importancia de la cooperación científica para enfrentar los desafíos hídricos en Latinoamérica, promoviendo la implementación de prácticas sostenibles y el desarrollo de nuevas técnicas de análisis y conservación del agua, además se establecieron acuerdos para realizar este encuentro anualmente, consolidando una plataforma clave para la investigación y gestión del agua, para convertirse en un referente a nivel regional.

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Esa concesión fue otorgada por primera vez en 1983 por un término de 10 años para usar industrialmente las aguas que brotan en los predios El Nogal y Buenavista, en una vereda de La Calera.

El agua cristalina ha sido usada por Coca-Cola bajo diferentes razones sociales, para embotellarla y distribuirla comercialmente con el nombre de Manantial. Básicamente el agua es de todos y la multinacional pone las botellas plásticas.

En 1994, la CAR le formuló cargos a Manantial S.A. por embotellar más agua de la que le autorizaba la resolución inicial. Por esa razón, la poderosa compañía fue multada con la risible cifra de un millón de pesos.

No obstante, en 1996 le extendieron la concesión por diez años más.

En 1997, Panamco-Indega (es decir, la empresa matriz de embotellamiento de Coca-Cola) absorbió Manantial mediante fusión.

En 2010, la Subdirección de Desarrollo Sostenible de la CAR, estableció: “la INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. – SUCURSAL MANANTIAL, no dispone de concesión de aguas, desde el 7 de febrero de 2006 a la fecha y en consecuencia la derivación de caudales que se ha efectuado de los nacederos localizados en los predios El Nogal, Buenavista y El Manantial, durante este periodo, ha sido ilegal”.

Un informe técnico de esas fechas señaló que el caudal de los manantiales que surtían el agua embotellada se había reducido aparentemente por sobreexplotación, por uso de infraestructuras de recolección de alto impacto.

Coca-Cola, de acuerdo con el informe técnico, estaba embotellando más agua de la que le permitía la concesión.

Pese a todo, en 2014 les extendieron la concesión hasta 2024. La resolución que otorgaba ese beneficio establece que una eventual extensión de la concesión debe pedirse dentro del último año de la licencia.

Mientras llenaban botellas de Manantial con el agua de todos, hace un año, en febrero de 2024, La Calera anunció el inicio de un racionamiento de agua por reducción del caudal de la quebrada San Lorenzo, la principal fuente de abastecimiento.

Pese a que el pueblo de La Calera le hace falta el agua, la CAR estudia la renovación de la concesión, que lleva 42 años llenando botellas de plástico con la misma agua.

El pasado 4 de diciembre de 2024 terminó legalmente la concesión de aguas para uso industrial, es decir, el agua embotellada llamada Manantial, pero la explotación del recurso natural continúa.

Por eso, un grupo de vecinos y organizaciones de Derechos Humanos le están pidiendo a la CAR que suspenda el embotellamiento para Manantial.

Esta es una batalla de David contra Goliat.

Tiene un aspecto ecológico, que tiene que ver con el uso racional del agua, el principal recurso natural, y otro aspecto puramente jurídico.

Para hablar de los dos temas tenemos invitadas a dos mujeres firmantes de la solicitud de suspensión de las actividades de embotellamiento de las que se beneficia Indega, la embotelladora de Coca Cola.

La abogada Yessika Hoyos, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y Herminia Cristancho, representante legal de la Asociación de Veredas de La Calera conversaron con El Reporte Coronell sobre el tema.

En los próximos días, la CAR tendrá que responder la solicitud de los ciudadanos y los defensores de derechos humanos. No puede escasear el agua para los más necesitados y abundar para que la embotelle una multinacional.

Información original tomada de La W Radio con Julio Sánchez Cristo

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