https://www.ceambientales.org/qu%C3%A9-hacemos/Participacion-ante-Instancias-Internacionales/sideeventUN2022

The post “Collaborative monitoring and communication: Reef health science for ALL in the mesoamerican reef” by Melina Soto, Healthy Reefs for Healthy People appeared first on Agua Nuestro Derecho.

https://www.ceambientales.org/qu%C3%A9-hacemos/Participacion-ante-Instancias-Internacionales/sideeventUN2022

The post “Marine justice and right to science. From the basin to the reef perspective” by Alejandro Tamayo, Centinelas Del Agua appeared first on Agua Nuestro Derecho.

https://www.ceambientales.org/p%C3%A1gina-principal/aguanuestroderecho

The post Posición frente a la COP del convenio de Cartagena. appeared first on Agua Nuestro Derecho.

https://www.ceambientales.org/p%C3%A1gina-principal/aguanuestroderecho

The post Pronunciamiento sobre calidad del agua en zonas costeras de la región caribe ante la quinta sesión de la asamblea de las naciones unidas para el medio ambiente (UNEA-5 ) appeared first on Agua Nuestro Derecho.

Autor: Lic. Euren Cuevas Medina 

Santo Domingo, D.N. R.D. Lunes, 7 de julio del 2025 .-  En un acto con participación diversa el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) lanzó este sábado el Proyecto «Asistencia Jurídica Solidaria, en la provincia de Pedernales, dirigido a personas con escaso acceso a la justicia por su condición socioeconómica.

El coordinador nacional del proyecto, Euren Cuevas Medina, planteó que uno de los principales obstáculos para acceder a la justicia es el pago de un abogado y las personas de escasos recursos que tienen un salario igual o por debajo de cincuenta mil pesos, se le dificulta acceder a la justicia.

La actividad se desarrolló en el Club Socio-Cultural Pedernales, frente al Parque Central, en la cual participaron importantes figuras como invitados especiales, como el Procurador General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la zona, Israel Ferreras Trinidad, el ex regidor y líder comunitario Miguel Antonio Pérez Cuevas, mejor conocido como Chichí Aquiles, quienes intervinieron para valorar este esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional para garantizar acceso a la justicia aquellas personas que no tienen recursos económicos para acceder a la justicia.

Por su parte el comunicador Julio Gómez, uno de los comunicadores más veteranos de Pedernales, se comprometió a promover este proyecto porque su implementación mejorará las condiciones económicas y sociales de los beneficiarios afirmó.

La doctora Dialma Feliz Mendez con más de 30 años en el ejercicio profesional como abogada y con una hoja de vida intachable en su ejercicio profesional, es la coordinadora provincial del proyecto “Aistencia Jurídica Solidaria” y dijo se dedicará a tiempo completo a este proyecto, poniendo su oficina a su disposición, porque con la aplicación del proyecto se garantiza la dignidad y el bienestar de las personas del pueblo de Pedernales.

Finalmente el director ejecutivo de INSAPROMA Cuevas Medina, manifestó que es el 4to lanzamiento, presidido por el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Puerto Plata, agradeció a profesores, amas de casa, agricultores, profesionales en general y líderes comunitarios que se dieron cita para ser parte del proyecto y en sentido general se comprometieron hacer promotores activo de dicha iniciativa.

Contacto de prensa:
Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA)
Correo: info@insaproma.com
Teléfono: 809-875-8068
Sitio web: [www.insaproma.org

The post Pedernales da un paso hacia la equidad: nace “Asistencia Jurídica Solidaria” appeared first on Agua Nuestro Derecho.

El informe de 92 páginas, “‘Sin agua, no somos nada’: Por qué Guatemala necesita una ley de aguas”, documenta las graves limitaciones en el acceso al agua y saneamiento en el país, que tienen impactos desproporcionados sobre comunidades indígenas, en particular sobre mujeres y niñas. También analiza las consecuencias de la falta de agua para el derecho a la salud, especialmente en la infancia, en un contexto en el que casi uno de cada dos niños y niñas menores de cinco años enfrenta desnutrición crónica.

“Guatemala es un país con abundantes recursos hídricos y un nivel de ingresos medio alto, pero amplios sectores de su población viven sin acceso a algo tan básico como el agua potable”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades deberían aprobar con urgencia una ley de aguas que permita garantizar el acceso seguro, confiable y universal a servicios de agua y saneamiento”.

Aunque Guatemala dispone de más agua dulce por habitante que el promedio mundial, no ha logrado proteger ni distribuir adecuadamente este recurso. La ausencia de una legislación que defina derechos, responsabilidades y un marco regulatorio con mecanismos de financiamiento y cumplimiento ha comprometido la disponibilidad y calidad del agua en todo el país.

Human Rights Watch entrevistó a 108 personas, en su mayoría mujeres, en comunidades predominantemente indígenas de los departamentos de Jalapa, Santa Rosa y Totonicapán. El equipo de investigación también realizó entrevistas con expertos, solicitó información al gobierno y analizó datos oficiales sobre agua, saneamiento y pobreza provenientes de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2023, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala.

El análisis reveló que la población indígena tiene menos acceso a agua y saneamiento que el resto de la población, reflejando patrones históricos de exclusión y desigualdad en el acceso a servicios públicos esenciales. Según los datos disponibles, el 40 % de la población no cuenta con agua entubada dentro de su vivienda. Entre la población indígena, el 50 % no cuenta con agua entubada dentro de su vivienda, en comparación con el 33 % entre la población no indígena. Además, las personas indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de depender de letrinas o pozos ciegos, formas de saneamiento que pueden ser inseguras o insalubres, mientras que las personas no indígenas tienen el doble de probabilidades de contar con inodoros conectados a redes de drenaje.

© 2025 Human Rights Watch

Sin acceso confiable al agua entubada, millones de guatemaltecos dependen de fuentes como pozos, ríos, lagos, manantiales o el agua de lluvia, que muchas veces se encuentran contaminadas. Las autoridades estiman que más del 90 % del agua superficial del país está contaminada, lo cual implica graves riesgos para la salud.

Las mujeres asumen con frecuencia la responsabilidad de recolectar agua y cuidar a los niños y niñas. Según datos oficiales, dos tercios de las personas adultas que informaron haber acarreado agua el día anterior al que se realizó la encuesta nacional eran mujeres.

Rosalía Maribel Osorio Chivalán, de 24 años, vive en el municipio de Santa María Chiquimula, en el departamento de Totonicapán. Relató que cada mañana se levanta entre las 5 o 5:30 a.m. y realiza un recorrido de dos horas para recolectar agua de un pozo. Luego, camina otros 40 minutos para dejar a sus hijos en la escuela antes de las 8 a.m.

Los niños también participan en tareas de recolección de agua. Una madre soltera de 29 años en Santa María Chiquimula relató que sus hijos la acompañan todos los días en el trayecto de dos horas, ya que ella no puede cargar el agua sola. “A veces yo me desespero al verlos a ellos caminando, cargando agua”, dijo.

Incluso quienes están conectados a una red de distribución de agua enfrentan problemas de acceso debido a la intermitencia del servicio. Según un análisis de datos de 2023, solo el 19 % de los hogares reportó haber tenido acceso continuo al agua entubada intradomiciliaria las 24 horas del día durante el mes previo a la encuesta.

La calidad del agua también es motivo de preocupación. Muchas mujeres entrevistadas reportaron signos de contaminación en el agua, como turbidez, mal olor o presencia de desechos, y señalaron que solo tienen acceso a métodos limitados para tratar el agua. Indicaron que tanto ellas como sus hijos sufren dolores estomacales, vómitos y diarrea tras consumir el agua disponible, aunque no tienen otra opción para consumir agua.

María Carolina Barrera Tzun, de 28 años y madre de tres hijos, contó que el pozo del que se abastecen está sucio y que sus hijos le preguntan: “¿Por qué el agua está sucia? ¿Por qué no tenemos agua en la casa?”. Sin embargo, señaló que no les queda más alternativa que tomar esa agua.

Las deficiencias en infraestructura de saneamiento también afectan la salud y la calidad del agua. Solo el 42 % de los hogares en Guatemala cuenta con un inodoro conectado a una red de drenaje. Aproximadamente un tercio de la población debe recurrir a letrinas, pozos ciegos o a la defecación al aire libre. En 2021, según datos oficiales, 97 de los 340 municipios del país, es decir, el 29 %, no contaban con una sola planta de tratamiento de aguas residuales en funcionamiento.

Los impactos sobre la salud son graves. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de mortalidad en Guatemala por causas relacionadas con agua insegura y servicios inadecuados de saneamiento e higiene fue de 15,3 muertes por cada 100.000 habitantes en 2019, más del doble que en cualquier otro país de Centroamérica. La falta de acceso también contribuye a la desnutrición crónica: casi uno de cada dos niños y niñas menores de cinco años en Guatemala sufre este tipo de desnutrición, una de las tasas más altas del mundo.

Para garantizar una gobernanza eficaz del agua y una inversión adecuada en infraestructura, Human Rights Watch insta al Congreso a aprobar una ley de aguas que fortalezca la capacidad institucional, imponga sanciones por la contaminación de fuentes hídricas y asegure la disponibilidad de agua para todos.

El diseño de esta ley debe incluir el reconocimiento de las prácticas tradicionales de manejo del agua por parte de los pueblos indígenas y garantizar su participación y consulta efectiva. Estas comunidades, que enfrentan los mayores impactos de la crisis de agua, son también líderes clave en la conservación y preservación de los recursos hídricos.

Además, la ley debería establecer un marco regulatorio y de financiamiento que permita al Estado cumplir con su obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua para usos personales y domésticos.

“Con la ley de aguas, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo tiene una oportunidad histórica para saldar una deuda pendiente y empezar a transformar la realidad de millones de personas en Guatemala”, dijo Goebertus. “No podemos echarla a perder”.

Descarga el informe completo Aquí:  guatemala0725es web

The post Presenta Human Rights Watch Informe sobre la necesidad de crear una ley de aguas appeared first on Agua Nuestro Derecho.

El objetivo principal de este evento fue el de crear un espacio para el intercambio de experiencias y metodologías relacionadas con la calidad del agua, buscando contribuir a la conservación del recurso hídrico en  toda Latinoamérica.

Durante el evento, se abordaron temas cruciales como el monitoreo de la calidad del agua, con énfasis en análisis bacteriológicos, normativas nacionales de cada país, y metodologías de recolección y procesamiento de muestras. Se realizó un muestreo en el lago Cocibolca en Granada, Nicaragua, cuyos análisis revelaron niveles preocupantes de contaminación, superando los límites recomendados para el contacto humano y el consumo, lo que representa un riesgo significativo para la salud pública y la biodiversidad local.

El encuentro no solo fortaleció la alianza entre CDA y CENICA, sino que también planteó la creación de un subcomité de Ciencias del Agua dentro de la red Agua Nuestro Derecho, para fomentar la colaboración y capacitación continua entre laboratorios de las organizaciones.

Las conclusiones obtenidas durante este encuentro resaltan la importancia de la cooperación científica para enfrentar los desafíos hídricos en Latinoamérica, promoviendo la implementación de prácticas sostenibles y el desarrollo de nuevas técnicas de análisis y conservación del agua, además se establecieron acuerdos para realizar este encuentro anualmente, consolidando una plataforma clave para la investigación y gestión del agua, para convertirse en un referente a nivel regional.

The post Primer Encuentro Latinoamericano de Ciencias del Agua, un espacio de intercambio en calidad del agua appeared first on Agua Nuestro Derecho.

Esa concesión fue otorgada por primera vez en 1983 por un término de 10 años para usar industrialmente las aguas que brotan en los predios El Nogal y Buenavista, en una vereda de La Calera.

El agua cristalina ha sido usada por Coca-Cola bajo diferentes razones sociales, para embotellarla y distribuirla comercialmente con el nombre de Manantial. Básicamente el agua es de todos y la multinacional pone las botellas plásticas.

En 1994, la CAR le formuló cargos a Manantial S.A. por embotellar más agua de la que le autorizaba la resolución inicial. Por esa razón, la poderosa compañía fue multada con la risible cifra de un millón de pesos.

No obstante, en 1996 le extendieron la concesión por diez años más.

En 1997, Panamco-Indega (es decir, la empresa matriz de embotellamiento de Coca-Cola) absorbió Manantial mediante fusión.

En 2010, la Subdirección de Desarrollo Sostenible de la CAR, estableció: “la INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. – SUCURSAL MANANTIAL, no dispone de concesión de aguas, desde el 7 de febrero de 2006 a la fecha y en consecuencia la derivación de caudales que se ha efectuado de los nacederos localizados en los predios El Nogal, Buenavista y El Manantial, durante este periodo, ha sido ilegal”.

Un informe técnico de esas fechas señaló que el caudal de los manantiales que surtían el agua embotellada se había reducido aparentemente por sobreexplotación, por uso de infraestructuras de recolección de alto impacto.

Coca-Cola, de acuerdo con el informe técnico, estaba embotellando más agua de la que le permitía la concesión.

Pese a todo, en 2014 les extendieron la concesión hasta 2024. La resolución que otorgaba ese beneficio establece que una eventual extensión de la concesión debe pedirse dentro del último año de la licencia.

Mientras llenaban botellas de Manantial con el agua de todos, hace un año, en febrero de 2024, La Calera anunció el inicio de un racionamiento de agua por reducción del caudal de la quebrada San Lorenzo, la principal fuente de abastecimiento.

Pese a que el pueblo de La Calera le hace falta el agua, la CAR estudia la renovación de la concesión, que lleva 42 años llenando botellas de plástico con la misma agua.

El pasado 4 de diciembre de 2024 terminó legalmente la concesión de aguas para uso industrial, es decir, el agua embotellada llamada Manantial, pero la explotación del recurso natural continúa.

Por eso, un grupo de vecinos y organizaciones de Derechos Humanos le están pidiendo a la CAR que suspenda el embotellamiento para Manantial.

Esta es una batalla de David contra Goliat.

Tiene un aspecto ecológico, que tiene que ver con el uso racional del agua, el principal recurso natural, y otro aspecto puramente jurídico.

Para hablar de los dos temas tenemos invitadas a dos mujeres firmantes de la solicitud de suspensión de las actividades de embotellamiento de las que se beneficia Indega, la embotelladora de Coca Cola.

La abogada Yessika Hoyos, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y Herminia Cristancho, representante legal de la Asociación de Veredas de La Calera conversaron con El Reporte Coronell sobre el tema.

En los próximos días, la CAR tendrá que responder la solicitud de los ciudadanos y los defensores de derechos humanos. No puede escasear el agua para los más necesitados y abundar para que la embotelle una multinacional.

Información original tomada de La W Radio con Julio Sánchez Cristo

The post Organizaciones ambientales de Colombia piden suspender concesión de agua a Coca-Cola appeared first on Agua Nuestro Derecho.

(UNEA-5 )

“Agua, nuestro derecho” es una iniciativa conformada por ciudadanos, académicos y
organizaciones de la sociedad civil de Belice, Colombia, Guatemala, Honduras y México,
preocupados y ocupados por el reconocimiento y defensa de los derechos humanos al agua,
al saneamiento y a un medio ambiente sano.
Nuestro objetivo es que gracias a la participación ciudadana activa, se logre que los
derechos humanos al agua y el medio ambiente sano sean garantizados en el marco jurídico
y alcance su adecuada protección en nuestros países. Las organizaciones que integramos
esta iniciativa trabajamos comunicando, educando e incidiendo en mejores prácticas y
legislación que proteja dichos derechos humanos. Estos derechos resultan fundamentales
para la subsistencia y recuperación de la contingencia causada por la pandemia del
COVID-19, por lo que el fortalecimiento de dichos derechos debe ser prioritario para los
gobiernos. Las acciones y compromisos deben ser inmediatos, de lo contrario la brecha de
pobreza, deterioro ambiental e injusticia social seguirá creciendo entre los países
desarrollados y subdesarrollados.
Por lo dicho anteriormente, se debe asegurar la calidad, acceso y asequibilidad en materia
de agua, por lo que hacemos un urgente llamado a los países de la Región del Gran Caribe a
ratificar e implementar de manera adecuada el Convenio Regional de Cartagena y sus tres
protocolos. Es importante que como región actuemos en concordancia y sincronía y
sinergia, asumiendo nuestra corresponsabilidad en el contexto ambiental humano y
económico que compartimos, buscando alcanzar el estándar de protección más alto de los
derechos humanos y el equilibrio ecológico. De la misma forma, hacemos un llamado a
todos los países para crear un marco normativo internacional con el fin de regular y
establecer límites y parámetros de calidad del agua en zonas costeras, respecto a la
liberación de residuos sólidos y líquidos, derrames de hidrocarburos y derivados, que
aseguren la protección de humedales, arrecifes, áreas naturales protegidas y vida silvestre.
La Región del Gran Caribe tiene importantes retos en materia de desarrollo sostenible y
erradicación de la pobreza. La presión costera por el crecimiento de las ciudades y
desarrollos turísticos, así como las actividades productivas y extractivas han sido factores
de deterioro ambiental que han derivado en impactos negativos en la calidad del agua en las
zonas costeras, esto se ha visto agravado con el arribo de sargazo y la enfermedad de
pérdida de tejido en corales duros (SCTLD por sus siglas en inglés). Hacemos un llamado
de atención acerca de la inequidad al interior y entre los países de la región, así como el
hecho que la pérdida de calidad del agua en las zonas costeras afecta gravemente a las
personas más pobres, porque acentúa sus condiciones de vulnerabilidad.
En este contexto, las medidas que los Estados adopten para garantizar el acceso al agua y su
calidad, como elementos fundamentales para la recuperación post-COVID-19 y prevenir la
aparición de futuras enfermedades, deben tener como marco la justicia marina, es decir,
considerar las circunstancias de vulnerabilidad social, climática y geográfica de las
comunidades costeras e isleñas, y la consecuente necesidad de tomar medidas afirmativas
en favor de estas. Solo así se logrará una implementación y cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) que permita alcanzar la equidad y la erradicación de la
pobreza.
La iniciativa “Agua, nuestro derecho” celebra que representantes de 175 naciones reunidos
en Nairobi pactaran la creación de un instrumento jurídicamente vinculante para regular el
plástico, el cuál representa un gran problema para la calidad del agua de nuestros océanos.

Suscriben:
– Healthy Reefs for Healthy People Initiative
– Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA)
– Centinelas del Agua A.C.
– Parque Nacional Marino Islas de la Bahía
– Asociación para la Conservación Ecológica de Islas de la Bahía (BICA)
– Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO)
– Polo ́s Water Association, Roatan
– Coral Reef Alliance
– Alianza de Derecho Ambiental y Agua ADA2
– Flores & Co. Attorneys-At-Law
– Observatorio para la Gobernanza Marino Costera (Colombia)
– The Ocean Foundation

The post Pronunciamiento de la iniciativa “Agua, nuestro derecho” sobre calidad del agua en zonas costeras en la Región del Gran Caribe appeared first on Agua Nuestro Derecho.

El dejar de invertir y buscar mejorar nuestros sistemas de tratamiento de aguas residuales tiene numerosas consecuencias graves tanto para la salud de la población como de los ecosistemas, que se traducen en costos para la nación. Las descargas no controladas de contaminantes disminuyen la calidad del agua y agotan el oxígeno que peces y demás especies acuáticas requieren para vivir. Según el INEGI, en el 2019, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a un 4.5% del PIB, o 1,096,970 millones de pesos, de los cuales 81,978 millones de pesos estuvieron directamente relacionados a la contaminación del agua (INEGI, com. prensa 623/20, 04/12/20). Las autoridades y las poblaciones locales están cada vez más conscientes de la importancia de los servicios que proveen los ecosistemas y florecen los proyectos de restauración de bosques, cuencas, ríos, humedales, manglares y arrecifes. Por ejemplo, el gobierno del Estado de Quintana Roo invierte cerca de 2 millones de pesos al año para restaurar sus arrecifes, degradados por el cambio climático pero también por la proliferación de macroalgas y enfermedades emergentes, vinculadas con una mala calidad del agua proveniente de la costa (McField et al., 2020). La condición de la mayoría de los ríos mexicanos lleva a usar la gestión adaptativa para la restauración de ríos como una herramienta para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, que ha iniciado planes para la recuperación de diversos ríos de nuestro país, entre los que destacan el río Atoyac, en Tlaxcala y Puebla; el Yaqui, en Sonora, y el Grijalva, en Tabasco, por mencionar solo algunos (IMTA, 2020-34). Los convenios administrativos entre la CONABIO y la PROFEPA para llevar a cabo el Programa de Restauración y Compensación Ambiental han movilizado recursos millonarios (en dólares) para compensar los daños ambientales causados y restaurar los ecosistemas dañados. No obstante, los ecosistemas dañados raras veces regresan a su estado de salud previo a la afectación y en vez de restauración muchos prefieren los términos de remediación, rehabilitación, revitalización etc. Frente a consecuencias cada vez más graves debidas a la degradación de la biodiversidad, como, por ejemplo, brotes pandémicos, se torna indispensable, prevenir y evitar a toda costa que los ecosistemas de los cuales dependemos directamente se vean impactados, sobre todo aquellos que están estrechamente vinculados con el agua.

https://www.gob.mx/imta/es/articulos/restauracion-de-rios-un-paso-hacia-la-sustentabilidad-hidrica?idiom=es
https://www.biodiversidad.gob.mx/conabio/proyectos/programa-de-restauracion-y-compensacion-ambiental
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=6169

La contaminación del agua y los arrecifes de coral.

Los servicios ecosistémicos de los arrecifes de coral de México, y del mundo, son muy reconocidos. A pesar de cubrir menos del 1% del área de los oceános, se estima que estos ecosistemas proveen de hábitats para aproximadamente 25% de las especies marinas, teniendo así un papel muy importante para la biodiversidad pero para la seguridad, la protección costera, el bienestar, la seguridad alimentaria y económica de cientos de millones de personas. El valor de los bienes y servicios proporcionados por los arrecifes de coral se estima en 2,7 billones de dólares EE.UU. por año, incluidos 36.000 millones de dólares en turismo de arrecifes de coral. Sin embargo, los arrecifes de coral se encuentran entre los ecosistemas más vulnerables del planeta a las presiones antropogénicas, incluidas las amenazas globales del cambio climático y la acidificación de los océanos, y los impactos locales de la contaminación terrestre, como el aporte de nutrientes y sedimentos de la agricultura, la contaminación marina, la sobrepesca y prácticas de pesca destructivas. (https://gcrmn.net/2020-report/)
En reconocimiento al valor de los arrecifes de coral, el gobierno del estado de Quintana Roo aseguró los arrecifes del Caribe mexicano contra daños por huracanes, la primera póliza de seguro para proteger una estructura de vida natural en el mundo (https://www.nytimes.com/ 2020/12/05/climate/Mexico-reef-climate-change.html). La póliza de seguro entró en vigor cuando el huracán Delta tocó tierra en Puerto Morelos el 7 de octubre de 2020, con ráfagas de viento máximas de 175 km / h. El ecosistema del arrecife de coral sufrió daños importantes al absorber la energía de las olas generadas protegiendo así las playas y la inversión millonaria del sector turístico de Quintana Roo que aporta alrededor del 2% del PIB nacional. Los corales afectados fueron rescatados, reubicados y restaurados, pero se enfrentan retos crecientes para su sobrevivencia debidos en especial por la calidad del agua.
La hidrogeología kárstica de la península de Yucatán es muy compleja con muy poco suelo y canales de disolución (o “ríos” subterráneos) que permiten una filtración muy rápida con un transporte hacia la zona costera. Este sistema subterráneo facilita la entrada de contaminantes como los efluentes de aguas residuales conteniendo patógenos y nutrientes, fertilizantes, pesticidas etc…El aumento de nutrientes en las aguas costeras del caribe mexicano han causado la eutroficación de aguas oligotróficas, condición sine qua non para los arrecifes de coral. Estos nutrientes alimentan la proliferación de varios grupos de algas que compiten por el espacio, impiden el reclutamiento y el crecimiento de larvas de coral y son asociados a patógenos que provocan brotes graves de enfermedades en los ecosistemas (McField et al., 2020). Los arrecifes de coral están enfrentando un cambio de fase hacia un ecosistema dominado por algas, lo cual compromete todos los servicios ecosistémicos y puede representar pérdidas millonarias.
Pocos estándares toman en cuenta ecosistemas marino costeros tan complejos en sus diseños, no obstante, algunos, como el protocolo LBS del Convenio de Cartagena, los lineamientos de calidad del agua para la gran barrera de coral de Australia

Banaszak A.T. (2021) Contamination of Coral Reefs in the Mexican Caribbean. In: Häder DP., Helbling E.W., Villafañe V.E. (eds) Anthropogenic Pollution of Aquatic Ecosystems. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-75602-4_6

The post NOM001 appeared first on Agua Nuestro Derecho.